En medio del torbellino de críticas nacionales e internacionales que ha causado la decisión del Parlamento de El Salvador de aprobar la reelección indefinida que permitirá a Nayib Bukele perpetuarse en el poder, la administración de Donald Trump ha dado un rotundo espaldarazo a su mayor aliado político en Centroamérica: “La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”, declaró un portavoz del Departamento de Estado.
El 31 de julio pasado, el popular mandatario salvadoreño consumó su ambición política más alta, y aprovechó su mayoría legislativa para romper los candados constitucionales que prohíben la reelección indefinida, el mal más común que ha conducido a decenas de países latinoamericanos a dictaduras.
Los cambios constitucionales dejan vía libre a Bukele para optar a un tercer mandato; amplía el periodo presidencial a seis años –cuando era de cinco– y elimina la segunda vuelta electoral. Para organizaciones civiles salvadoreñas y defensores de derechos humanos internacionales, la reforma aprobada por la Asamblea bukelista enciende todas las alarmas de lo que ven como el último paso de un régimen cada vez más autoritario.
