El Salvador ha dado esta semana un paso decisivo en su deriva de la democracia a la autocracia. La Asamblea Legislativa, controlada casi por completo por el partido Nuevas Ideas del presidente, Nayib Bukele, ha aprobado una reforma constitucional que elimina el límite a la reelección presidencial, extiende el mandato de cinco a seis años, elimina la segunda vuelta y adelanta las elecciones. La enmienda, ratificada en cuestión de horas y sin un debate nacional real, consolida el proyecto de concentración de poder más ambicioso de América Latina en la última década.
No puede ser una sorpresa. Desde su llegada al poder en 2019, Bukele ha trabajado sistemáticamente para desmantelar los contrapesos institucionales. Primero fue la Corte Suprema, luego la Fiscalía, después la prensa crítica y, más recientemente, la posibilidad misma de alternancia política. Lo que ocurrió este viernes es simplemente la culminación de un proceso de vaciamiento democrático. El presidente ya había logrado que los jueces avalaran su reelección inmediata en 2021, y en 2024 se presentó y logró un segundo mandato. Ahora borra el último límite.
Bukele ha construido su poder sobre una combinación de eficacia comunicativa, uso intensivo de tecnologías y políticas de mano dura contra el crimen. Bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, miles de personas han sido detenidas sin debido proceso. Las encuestas lo favorecen y su popularidad sigue siendo alta, pero la legitimidad del poder no se mide en encuestas. La fortaleza de una democracia se mide por el respeto a las reglas, por la pluralidad, por los límites al poder. En ese sentido, lo que vive El Salvador es una regresión alarmante.
