El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado viernes el despido fulminante de la responsable de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), Erika McEntarfer, después de que el organismo revisara a la baja las cifras de empleo de los últimos meses, donde se recogía un acusado descenso en el número de contrataciones. Los datos no gustaron a la Casa Blanca y Trump acusó a la economista de manipular las estadísticas por razones políticas, como siempre sin aportar ninguna prueba al respecto.
Disparar al mensajero e ignorar las malas noticias siempre da mal resultado. Si la credibilidad de Estados Unidos ya estaba en entredicho por la forma errática en que la Administración trumpista ha manejado la política arancelaria y por la amenaza permanente del presidente de desbancar a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, el despido de McEntarfer pone en cuestión a partir de ahora las estadísticas de la primera economía mundial, un elemento clave de su funcionamiento y para la toma de decisiones informadas por parte de los agentes económicos en todo el mundo. El anuncio lanza además un mensaje perverso hacia los funcionarios federales: se arriesgan a ser despedidos si la información que publican no es del agrado del presidente. Quien sustituya a McEntarfer al frente de la BLS ya vendrá acompañado de una sombra de sospecha sobre su independencia.
