A finales de junio, la Asamblea francesa debatió un artículo clave de la ley sobre el futuro energético del país que supone reforzar su apuesta nuclear: se votó mantener las centrales existentes, algunas muy envejecidas, y la construcción de 14 nuevos reactores de nueva generación. Días antes, en el Senado, el primer ministro, François Bayrou, defendió en un discurso “esta reactivación masiva” porque “la cuestión de la soberanía energética es la de nuestra independencia”.
El 60% de la energía total que se consume en Francia proviene de fuentes fósiles: el 40% del petróleo y el 20% del gas. Esto, según Bayrou, supone “un problema preocupante, sobre todo geopolítico, porque plantea una vulnerabilidad estratégica de cara a países productores” como Arabia Saudí, Rusia o Estados Unidos.
Francia es el principal productor de energía nuclear de la UE, que supone alrededor del 36% del mix energético del país, y está en el origen del 68% de toda la electricidad que se produce. Esta proviene de los 57 reactores de las 19 centrales existentes, aunque muchos son antiguos y estaba previsto su cierre.
París siempre ha justificado su apuesta nuclear porque le permite alcanzar la neutralidad en carbono, pero sobre todo por un tema estratégico. Tras la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle decidió crear el comisariado de energía atómica para acelerar esta industria y a finales de los años 70 arrancó su actividad la primera central, la de Fessenheim, que cerró en 2020 tras 42 años activa.
