El estallido del caso Montoro comienza a salpicar directamente al negocio de Equipo Económico, la firma asesora que fundó el exministro de Hacienda con el Partido Popular y que se sitúa en el epicentro de una investigación judicial que se focaliza en si el lobby que hizo este despacho durante la segunda época de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio cruzó la línea del tráfico de influencias para lograr reformas legislativas y beneficios fiscales a favor de sus clientes. Algunas de las empresas y particulares que hasta ahora han confiado en este bufete están estudiando la posibilidad de romper los contratos firmados y han tanteado a otras consultoras para evitar que las consecuencias judiciales que sobrevuelan sobre Equipo Económico les puedan afectar en el desarrollo de sus operaciones y disputas.
Fuentes del sector de la consultoría afirman que, desde que se conoció la imputación del exministro y otras 27 personas —entre ellos, el presidente de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, y sus socios directores, Salvador Ruiz Gallud, Francisco Piedras y Manuel de Vicente-Tutor— por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, varios clientes han llamado a otras firmas de servicios profesionales para solicitar información sobre los trabajos que ya habían encargado a Equipo Económico, como la elaboración de informes periciales económicos.
