El debate sobre la energía nuclear y su final o prórroga tensa las costuras internas de los grandes partidos nacionales. Del PSOE a Sumar y del PP a Junts, de Madrid a las delegaciones autonómicas, el apoyo o crítica depende de múltiples factores. O intereses. El pasado 18 de enero, más de 7.000 personas se manifestaron en el municipio de Almaraz (Cáceres) para reclamar que la central nuclear de la comarca no se cierre, ya que consideran que la planta es la principal fuente de prosperidad y bienestar de toda la zona. Antes de empezar la multitudinaria concentración, el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, pedía que se evitara la clausura para asegurar la riqueza en el territorio.
El PSOE regional, por lo tanto, aboga por la prolongación de esta planta, que tiene previsto su cierre entre 2027 y 2028. El 80% de los extremeños rechaza su desmantelamiento, según una reciente encuesta elaborada por Metroscopia, y eso complica su postura frente a un Partido Socialista a nivel nacional que ha sido históricamente contrario a la energía atómica. El posicionamiento adverso dificulta las aspiraciones del partido en una de las pocas regiones donde las encuestas le dan opciones de recuperar poder territorial.
