Souleyman y su mujer, Fátima, viven en un pequeño cortijo en el campo de Níjar (Almería, 33.076 habitantes) con sus dos hijos, de tres y seis años. Es un viejo inmueble rodeado del plástico de los invernaderos donde él trabaja, dentro de la finca de su jefe. Solo pagan los suministros, pero a cambio el hombre ejerce de guardia de seguridad más allá de su jornada laboral diaria, además de realizar pequeñas labores a cualquier hora. “Al final, no hay descanso”, asegura. Lo que más le preocupa, sin embargo, es el día a día de sus niños, sin vecinos cerca ni sitios donde jugar. “Todo es polvo. Estás en el campo, pero casi encerrados”, asegura. “Queremos irnos, buscar un apartamento, algo, pero no hay: aunque tengas papeles, aunque trabajes, no importa, quedas fuera”, lamenta.
El día a día de esta pareja marroquí, en situación administrativa regular y con contrato, que ella también tuvo mientras trabajaba en un almacén hasta que llegaron sus embarazos, es parte de lo que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) define como una realidad “profundamente invisibilizada” en el municipio de Níjar. Es la que viven quienes residen en edificaciones dispersas, muchas veces deterioradas, excluidas de los registros oficiales y de los sistemas de protección oficial, lo que dificulta su acceso a derechos básicos. “Una infravivienda silenciosa, desarticulada, diseminada... y, sin embargo, extensa, grave y estructural”, destaca un novedoso informe —titulado La infravivienda invisibilizada. Aproximación al chabolismo disperso en los diseminados del campo de Níjar— impulsado por esta entidad religiosa, que recoge el testimonio de Souleyman y Fátima, pero también de otros protagonistas.
