Reforzar la defensa antiaérea y antimisil, mejorar los sistemas antidrón, adquirir equipos de guerra electrónica, completar los llamados capacitadores del Ejército de Tierra o suministrar servicios satelitales. Estas son algunas de las capacidades militares que España se ha comprometido a facilitar a la OTAN y que, según el secretario general de la Alianza Altlántica, Mark Rutte, requerirán de una inversión equivalente al 3,5% del PIB anual; mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que podrán obtenerse con solo el 2,1%.

La disputa en torno al objetivo de dedicar el 5% del PIB al gasto militar se saldó el pasado domingo con un arreglo diplomático que pasaba por retocar ligeramente el borrador del comunicado final de la cumbre que se inicia hoy en La Haya (Países Bajos) e interpretarlo mediante un intercambio de cartas entre Rutte y Sánchez. Mientras el primero reconocía que España tendrá “flexibilidad” para determinar su “senda soberana” de incremento del gasto militar y qué porcentaje del PIB necesita para cumplir los Objetivos de Capacidad de la Alianza; el segundo reiteraba que España gastará en defensa el porcentaje del PIB necesario para cumplir “a tiempo y en su totalidad” dichos objetivos.