La Generalitat ha asumido por primera vez responsabilidades por el asesinato de Nuria López, la cocinera asesinada el 13 de marzo de 2024 por un preso con el que trabajaba en la prisión de Mas d’Enric (Tarragona). El Departamento de Justicia, que dirige Ramon Espadaler, admite que la actuación de los servicios penitenciarios fue “deficiente”. “El servicio público penitenciario no funcionó con los estándares de calidad que serían exigibles”, afirma, ante la reclamación patrimonial de cuatro hermanos de Nuria López. Concede que “existieron disfunciones” y “cuestiones susceptibles de mejora”, y acepta indemnizar con 40.400 euros a la familia (10.100 por hermano). Sus allegados reclaman 1,7 millones. El Departamento de Justicia asegura que el procedimiento administrativo sigue su curso, que se han tenido en cuenta “los baremos y criterios que marca la jurisprudencia”, y la familia puede recurrir.
Núria López fue la primera trabajadora de una prisión española asesinada por un interno en democracia. Pasó el 13 de marzo del año 2024, cuando Iulian Odriste la acuchilló en la cámara frigorífica y luego se suicidó. Odriste cumplía 11 años de pena por haber matado a una mujer de la misma manera en el año 2016. El caso supuso un terremoto para la Generalitat, que cambió el protocolo y alejó de las cocinas a los internos con delitos de sangre. En manos de ERC, bajo el breve mandato de la independiente Gemma Ubasart, el Departamento entonces defendió que no se podía prever lo que ocurrió. La asunción de responsabilidades por parte del PSC es un nuevo enfoque en este caso, que sacudió las prisiones catalanas.
