Con el declarado propósito de remedar a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y de Israel, e incluso de dar forma a un FBI vernáculo, Javier Milei reformó por decreto a la Policía Federal Argentina y, entre otras cosas, la habilitó para realizar detenciones y actividades de espionaje sin orden judicial, además de “tareas de prevención del delito” en espacios públicos digitales. Organismos de derechos humanos y organizaciones especializadas en seguridad cuestionaron la reforma y advirtieron que delega facultades discrecionales a la policía, bajo débiles sistemas de control. El Gobierno ultra respondió este miércoles que las medidas tienen amparo legal y que, si alguien entiende lo contrario, “se puede presentar ante la justicia”.
“Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina (PFA) y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal”, anunció el presidente Milei el martes. El verbo en plural que conjugó solo se refería al Ejecutivo: la medida fue tomada sin debate parlamentario, haciendo uso de las facultades delegadas por el Congreso el año pasado.
En Argentina, cada Estado provincial cuenta con su propia fuerza de policía. La PFA tiene jurisdicción nacional y hasta 2016 se ocupó de la prevención del delito en la ciudad de Buenos Aires. Desde la creación de una fuerza policial en la capital argentina, que conllevó la cesión de agentes y dependencias antes federales, la PFA quedó a la espera de una reformulación de sus objetivos y funciones.
