El presidente argentino reforma por decreto el sistema de espionaje argentino. Expertos y dirigentes opositores denuncian la creación de “una policía secreta”
Javier Milei inauguró el nuevo año con un decreto que transforma el sistema de inteligencia argentino y otorga mayor poder y autonomía a los espías. Entre otras funciones, los agentes podrán detener y arrestar personas, una potestad hasta ahora prohibida por ley. Podrán hacerlo, incluso, sin orden judicial. El decreto también dispone que todos los altos funcionarios a cargo de organismos estatales deberán aplicar medidas de contrainteligencia. El Gobierno ultra defendió la reforma y remarcó que respeta “los más altos estándares democráticos”. Pero expertos en derecho y dirigentes opositores denunciaron que implica un peligroso retroceso para las libertades individuales y coincidieron en alertar sobre el surgimiento de “una policía secreta” a las órdenes del Ejecutivo.
Como ya había hecho hace un año y medio, Milei dispuso modificaciones al régimen de inteligencia sin pasar por el Congreso nacional. El último día de 2025 firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se publicó y entró en vigor este viernes.
“El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”, señaló un comunicado oficial del Gobierno. Bajo ese paraguas, el decreto confirma que a la cabeza del sistema continuará la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), dependiente del Ejecutivo, y crea las agencias de contrainteligencia y ciberinteligencia, entre otras áreas. La SIDE, una de las pocas dependencias del Estado que no sufrió la motosierra de Milei, está a cargo de Cristian Auguadra, quien responde al poderoso asesor presidencial Santiago Caputo.
