La Administración General del Estado (AGE) ha acordado este miércoles con los sindicatos de función pública el IV Plan de Igualdad para sus empleados públicos (el 95% de ellos, funcionarios de carrera). La principal novedad del acuerdo es que, por primera vez, los responsables de la Administración estatal auditarán los sueldos de sus trabajadores a través de un estudio completo sobre la brecha salarial de género, para eliminar las discriminaciones retributivas que pudieran detectar.
Según han detallado en el sindicato de funcionarios Csif, presente en la Mesa General de la AGE junto a CC OO, UGT y CIG, la auditoría se acompañará de un plan de actuación “vinculante” para corregir cualquier diferencia que no responda a criterios objetivos de puesto o desempeño. E incluirá también “la obligación de publicar boletines anuales con medias, medianas y evolución de la brecha salarial de género”.
“Aunque las Administraciones públicas son un ámbito que debería ser ejemplar” en esta materia, señala el sindicato, el salario medio de las empleadas públicas es de media un 10,5% inferior al de sus colegas varones. En concreto, ellas cobran en promedio 32.137 euros anuales, frente a los 35.908 euros que perciben los hombres.
