El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se enfrenta a una nueva acusación, en esta ocasión por espionaje ilegal. Después de dos años de investigaciones, la Policía Federal concluyó que el líder ultraderechista usó la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) para espiar de forma ilegal a decenas de autoridades, periodistas, activistas y rivales políticos. Tras concluir el informe, la policía pide la imputación de más de una treintena de personas, entre las que están Bolsonaro, el entonces director de la Abin, Alexandre Ramagem y uno de los hijos del expresidente, el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro.
Ramagem fue la pieza clave para poner a los funcionarios del Estado al servicio de los intereses de Bolsonaro. Con el software First Mile se invadieron ilegalmente cientos de celulares y ordenadores. La información que se obtenía servía de munición a Carlos, conocido por ser el artífice de la estrategia digital del bolsonarismo y de liderar el conocido como “gabinete del odio”, desde donde se difundía desinformación y ataques en las redes para deslegitimar a los adversarios políticos. Según la policía, Bolsonaro estaba al corriente de todo y se benefició claramente.
Entre las víctimas del espionaje ilegal están jueces del Tribunal Supremo Federal, como Alexandre de Moraes; los expresidentes de la Cámara de Diputados Arthur Lira y Rodrigo Maia, senadores que lideraban una comisión de investigación sobre el papel del Gobierno en la crisis de la covid-19 y periodistas críticos con el Gobierno. La investigación también apunta que se usó esta “Abin paralela” para intentar blindar a otro de los hijos de Bolsonaro, el senador Flávio, en un momento en que estaba acorralado por la Justicia. Estaba en el punto de mira por un presunto caso de blanqueo de dinero y el director de la Abin sugirió a Bolsonaro espiar a los inspectores de Hacienda que dieron pie a la investigación para encontrar trapos sucios y anular el caso.
