El último informe del Defensor del Pueblo dedicado a la infancia migrante reveló un dato hasta ahora desconocido. De los 12.261 menores extranjeros no acompañados que había en España en diciembre de 2023, solo un 27% de ellos tenía una autorización de residencia. La cifra, aunque no está actualizada, demuestra que se incumple la ley de forma sistemática y que este colectivo permanece en el país sin las autoriz...
aciones de residencia y trabajo que tanto comunidades autónomas como delegaciones de Gobierno deben tramitarles. En esa clasificación, destaca en el último puesto la Comunidad de Madrid, donde en ese momento solo tenían papeles un 14% de los menores acogidos. En segundo lugar, está Canarias, donde apenas un 17% de los menores contaba con una autorización de residencia.
Los datos son malos en su conjunto aunque también se encuentran casos como el de La Rioja que había documentado al 100% de los niños que tutelaba (solo seis) y, sobre todo, Ceuta, que, a pesar de su sobreocupación, logra documentar al 80% de los más de 230 menores acogidos en la ciudad autónoma.
Aunque a estos niños y adolescentes se les considera regulares a todos los efectos, la falta de autorizaciones de residencia y trabajo limita derechos y se convierte en un problema más grave al cumplir los 18 años, cuando se ven en la calle como adultos. Sin papeles no pueden trabajar, ni acceder a muchas formaciones, ni abrir una cuenta bancaria, ni obtener su tarjeta sanitaria, ni optar a ayudas públicas... En muchos casos tampoco pueden alquilar una vivienda ya que los propietarios han comenzado a exigir la residencia legal. La irregularidad los empuja a la marginalidad y, en casos extremos, a la expulsión, incluso si crecieron en España.
