La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Valencia (FAMPA-València), con el apoyo de la Confederación Gonzalo Anaya, ha denunciado ante el Síndic de Greuges que miles de alumnos menores siguen sufriendo, más de siete meses después de la dana, las consecuencias de la gestión institucional de la tragedia. “La situación descrita constituye una vulneración de los derechos fundamentales de la infancia reconocidos en la legislación nacional e internacional, por ello solicitamos su intervención urgente con el fin de garantizar el restablecimiento pleno de dichos derechos y poner fin a una situación de precariedad educativa y social que no puede prolongarse por más tiempo“, reclaman en el escrito.
La organización relata que aún hay centros escolares cerrados, alumnado desplazado fuera de su entorno educativo habitual, graves deficiencias en el servicio de transporte escolar, falta de recursos materiales y humanos, centros con obras aún pendientes de ejecución y una “preocupante” ausencia de apoyo emocional y psicosocial para el alumnado afectado, según recoge el documento presentado, que también se ha remitido al Ministerio de Infancia y Juventud.
Fampa explica que la dana del pasado 29 de octubre de 2024 provocó inundaciones catastróficas en varias comarcas de la provincia de València, con más de 75.000 viviendas resultaron dañadas y múltiples infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, etc.) quedaron inutilizadas. “En el ámbito educativo, el impacto fue devastador: aproximadamente 40.000 niñas, niños y adolescentes vieron interrumpida su educación debido al cierre temporal de centros escolares en las zonas afectadas, de los cuales más de 24.000 tuvieron que ser realojados provisionalmente en otros colegios o institutos”, añade la federación.
