Avanzar hacia la sostenibilidad no tiene una ruta única ni es un camino lineal. Existen múltiples vías que deben transitarse de manera coordinada: desde la transformación financiera hasta la construcción de pactos sociales amplios, pasando por un eje fundamental y a menudo subestimado como es la educación. Comprender esta diversidad de aproximaciones no solo amplía nuestra mirada sobre problemáticas tan acuciantes en la actualidad como la crisis climática, sino que también permite diseñar respuestas más justas y duraderas.
Uno de los ejes centrales de esta transición es, sin duda, el financiamiento. Iberoamérica, y en especial, América Latina, se perfila como una de las regiones más castigadas por el cambio climático, pese a ser una de las que menos ha contribuido históricamente al calentamiento global. Esta paradoja es clave para entender el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, reconocido ya en la Declaración de Río de 1992 y reforzado por el Acuerdo de París, que subraya el deber del norte global de subvencionar los esfuerzos de mitigación y adaptación del sur global.
Pero la conversación sobre financiamiento no puede desvincularse de la realidad productiva de la región. América Latina posee el 60% de las reservas mundiales de litio y alrededor del 40% de las de cobre, recursos estratégicos para la transición energética. Al mismo tiempo, sigue dependiendo en gran medida de actividades como la minería, la agricultura intensiva y la producción petrolera, sectores que generan ingresos, pero también impactos ambientales significativos.
