La Cámara de Cuentas ha rectificado el informe adelantado por EL PAÍS en el que planteaba que los beneficiarios de la atención pública por enfermedad mental grave y duradera pagaran parte del servicio para así reducir las listas de espera y compensar un déficit de inversión por parte del gobierno regional que calculó en más de 13 millones de euros solo para el periodo 2021-2022. Así consta en un escrito enviado a la Asamblea regional, y visto por este diario, del que desaparece la referencia original al copago (“a lo que podría contribuir fijar una aportación de los usuarios atendiendo a su capacidad económica”). Joaquín Leguina, expresidente regional con el PSOE, que ahora preside el ente fiscalizador gracias al PP de Isabel Díaz Ayuso, atribuye el cambio a que publicar esa propuesta fue “un error”.
“Se acordó una cosa, y luego algún funcionario, al pasarlo a limpio para enviarlo a la Asamblea, cometió el error”, asegura Leguina, de 84 años, en conversación telefónica. “Así ha sido. Se ha enviado corregido y ya está“, añade el presidente de la Cámara, donde son mayoría los consejeros propuestos por el PP. ”Yo me atengo a lo que dicen los que llevan años en estas cosas. Se consideró que eso era un error. Se cambió. Y al señor que se dedica a enviar las cosas a la Asamblea se le olvidó, o no lo vio”.
