La base militar británica, junto a los controles de acceso al espacio Schengen y la fiscalidad, fue uno de los últimos escollos que demoraron, y en algún momento estuvieron a punto de hacer descarrilar, el histórico acuerdo sobre Gibraltar alcanzado el miércoles en Bruselas, cuyo efecto más visible será la demolición de La Verja.
Aunque la declaración conjunta difundida tras la reunión entre el comisario Maroš Šefčovič, los ministros de Exteriores de España y el Reino Unido, José Manuel Albares y David Lammy, y el ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, no menciona la instalación militar, esta fue una de las principales preocupaciones de la delegación británica. Prueba de ello es que el comunicado difundido el miércoles por el Foreign Office la menciona entre los puntos principales del acuerdo, para asegurar que este garantiza la “autonomía operativa plena de las instalaciones militares del Reino Unido en Gibraltar, que juegan un papel clave en proteger la seguridad de la región e importantes rutas comerciales”.
Según fuentes conocedoras del acuerdo, los militares británicos deberán identificarse ante los policías españoles que controlen la entrada al espacio Schengen por el puerto y aeropuerto de Gibraltar, pero no necesitarán pasaporte o visado ni se les podrá impedir el paso. Se trata de una fórmula similar a la prevista en el Estatuto de Fuerzas de la OTAN, que tanto el Reino Unido como España han suscrito.
