Una grabación de la UCO ha sacudido como un terremoto al Gobierno y el PSOE al comprometer a Santos Cerdán en el supuesto cobro de comisiones ilegales. La información parte de un informe de la unidad anticorrupción de la Guardia Civil que recoge una conversación entre Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García en la que se menciona que varias constructoras les deben dinero.
La primera reacción del PSOE ha sido la de defender al secretario de Organización. “Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello”, mantiene en un comunicado. “Cuando se conozca la totalidad del informe, Cerdán dará todas las explicaciones necesarias para que de una vez por todas su nombre y honorabilidad dejen de verse mezclados a diario con casos que nada tienen que ver con su persona”, añade. Esas mismas fuentes transmiten que Cerdán “no da crédito” a los datos manejados por la UCO y asegura que “jamás” habló de esos con José Luis Ábalos o con Koldo García. Mensaje parecido lanzan desde el Gobierno: “No podemos opinar sobre un informe que aún no hemos leído y unas conversaciones de las que desconocemos el contexto”.
El Ejecutivo insistía por la mañana en que no había ninguna acusación formal contra Cerdán, y que todo lo que está tratando de mover la oposición se basa en comentarios sobre un informe de la UCO cuyos detalles no se conocían. El PP, por el contrario, cree que el silencio de Sánchez sobre Cerdán en el pleno del Congreso y el lenguaje gestual entre ellos indica que el líder está a punto de dejar caer a un hombre clave en su estructura de poder y que le acompaña desde que dio la batalla de las primarias en 2017. Cerdán ha reconocido que se cruzó mensajes con el que entonces era el hombre de máxima confianza del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, interesándose por distintas obras, pero no por ningún movimiento ilegal ni amaño de ningún tipo, sino porque como coordinador territorial del partido tenía la presión de muchos alcaldes y dirigentes provinciales que querían saber cómo iban las obras en sus territorios y presionaban para que estuvieran acabadas antes de las elecciones de 2023, algo habitual en el mundo político.
