Álvaro García Ortiz está dispuesto a enfrentar una situación insólita en casi 50 años de democracia: la de un fiscal general del Estado sentado en el banquillo. El máximo responsable del ministerio público no tiene intención de dimitir pese al auto del juez del Tribunal Surpemo Ángel Hurtado, conocido este lunes, que lo sitúa al borde de ser juzgado por supuesta revelación de secretos. Fuentes jurídicas del entorno del fiscal defienden su inocencia y justifican que no dará un paso atrás porque no cometió, según insisten, el delito que le atribuye el instructor.
La noticia de la decisión de Hurtado pilló a García Ortiz en un acto en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde se entregaba el premio del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, junto a la presidenta de esa institución y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. El fiscal abandonó el edificio sin hacer declaraciones ante los numerosos periodistas que ya se agolpaban allí. Quien sí ha hablado ha sido el ministro Bolaños para expresar la “confianza plena” del Ejecutivo en García Ortiz. Este, según las fuentes consultadas, tampoco piensa abandonar el cargo y considera que hacerlo crearía un grave precedente para la institución. Antes prevé agotar todas las vías para intentar evitar el juicio.
