La ofensiva de Castilla y León contra Renfe por la supresión de paradas del AVE en el territorio contrasta con que la Junta (PP) no aporta fondos, a diferencia de otras comunidades, para cubrir servicios básicos como los afectados, sensibles por su escasa rentabilidad o uso. Las autonomías que sí participan, con varios millones de euros anuales, son Extremadura, Aragón, Andalucía, Euskadi o Cataluña para respaldar económicamente que circulen esos trenes en zonas comprometidas por su falta de uso. El operador ferroviario, que al suprimir esas paradas agiliza el viaje con Galicia como pidió el alcalde de Vigo, Abel Caballero (PSOE), achaca la reforma a la escasez de usuarios y de rentabilidad entre las protestas de la Junta (PP) y de la sociedad civil. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, señaló hace unos días en EL PAÍS que esta comunidad cubre bonos al usuario pero no a servicios subvencionados que otras regiones sí financian. Castilla y León, entretanto, ha comprometido “entre 60 y 65 millones de euros anuales” para hacer gratuito el transporte por carretera y ha rechazado ayudas estatales.
Las claves de este pulso administrativo se encuentran en la ley del sector ferroviario de 2003, aprobada por el PP de José María Aznar. Renfe tiene dos categorías de servicios: los comerciales (AVE y larga distancia, que debe cubrirlos como empresa sin sufragación estatal) y públicos (no son rentables pero sí importantes, como los Cercanías, Avant o Medias Distancias). La normativa recoge que si las administraciones públicas, desde comunidades a diputaciones o Ayuntamientos, quieren más líneas públicas, deben pagarlas y aportar a Renfe la diferencia de rentabilidad restando del coste el ingreso por billetes, pues la entidad no puede operar a pérdidas. Castilla y León podría solicitar ese estatus si considerara que “la oferta de servicios de transporte de viajeros que realizarían los operadores, si considerasen exclusivamente su propio interés comercial y no recibieran ninguna compensación, resultara insuficiente o no se adecuara a las condiciones de frecuencia, calidad o precio necesarias para garantizar la comunicación entre distintas localidades del territorio español”.
