El cambio fue aprobado este 7 de septiembre por el Pleno de la Judicatura en el marco de la emergencia de la Función Judicial.

Corte Plena revisará las medidas cautelares en materia penal, laboral y contenciosa para proponer cambios, tras casos de presunta corrupción de funcionarios judiciales.

El CJ trasladará las competencias a jueces penales de Iñaquito y de la Corte Provincial de Pichincha y asegura que habrá más capacidad de respuesta.