El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso el 7 de septiembre la supresión de las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado y aprobó que sus competencias sean asumidas por jueces de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito y de la Corte Provincial de Pichincha.La decisión fue adoptada en el marco de la declaratoria de emergencia de la Función Judicial y según el CJ responde a informes técnicos, jurídicos y de planificación que identificaron un desequilibrio en la carga de trabajo entre las dependencias especializadas y los despachos penales ordinarios.De acuerdo con datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) citados por la Judicatura, en los últimos doce meses el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes para nueve magistrados, mientras que despachos penales ordinarios, como la Corte Provincial de Pichincha, superaron el 100 % de su capacidad operativa.PublicidadCon la reestructuración, el número de jueces habilitados para conocer causas relacionadas con corrupción y crimen organizado pasará de 19 a más de 50 a escala nacional, según el Consejo de la Judicatura.La medida modifica la distribución de competencias entre las dependencias que hasta ahora concentraban el conocimiento especializado de estos delitos.La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito y de juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha conocerá los recursos y procesos de fuero.PublicidadPublicidadEl Tribunal de Garantías Penales especializado en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, con sede en la parroquia Iñaquito, asumirá la etapa de juzgamiento.La Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en infracciones flagrantes y flagrancias de delitos de corrupción y crimen organizado, con sede en la parroquia Mariscal Sucre, atenderá de forma continua flagrancias, actos urgentes y medidas cautelares, entre ellas las solicitudes de inmovilización de cuentas planteadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).Mientras tanto, la Unidad Judicial de Garantías Penales y especializada en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, también ubicada en Iñaquito, asumirá los casos hasta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio.El CJ precisó que las causas que ya se encuentran en trámite y que tienen audiencias instaladas o suspendidas continuarán a cargo de los jueces que actualmente tienen asignados esos procesos.La reestructuración también contempla medidas para agilizar los procesos de extinción de dominio, con el objetivo de facilitar la recuperación de bienes que tengan un origen ilícito.La Judicatura señaló que la decisión busca también fortalecer la transparencia e integridad del sistema judicial. En el comunicado, la institución menciona que varios juzgadores que formaban parte del anterior esquema especializado han sido involucrados en investigaciones por presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada.Publicidad“Frente al crimen organizado y la corrupción, nuestro mensaje es clave: más capacidad de respuesta, mayor cantidad de juzgadores, más eficiencia y, sobre todo, cero impunidad”, señaló Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura.La institución sostuvo que la supresión de las dependencias especializadas no implica retirar las competencias para conocer este tipo de delitos, sino redistribuirlas entre un mayor número de jueces y dependencias judiciales.La medida se adopta mientras la Función Judicial se encuentra bajo una declaratoria de emergencia y en medio de investigaciones que han involucrado a funcionarios judiciales por presuntos vínculos con estructuras de corrupción y crimen organizado. (I)