La administración entregó un parte de tranquilidad a los ciudadanos y aclaró que la decisión judicial no implica, por ahora, la suspensión.

La decisión exige a las entidades explicar cómo se fabrican, custodian y personalizan libretas, además de identificar a los terceros que intervienen.

La decisión fue tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.