La decisión fue adoptada por la Sala Octava de Revisión, luego de que una mujer presentara una acción de tutela.

La decisión obligó a cambiar la operación del transporte público en el país para personas con sobrepeso u obesidad.

Así mismo, exigió a los sistemas de transporte masivo implementar medidas para que las personas, de diferentes tallas, puedan acceder al servicio.