La estrategia contempla una inversión estimada de $4,4 billones y 122 acciones coordinadas entre 25 entidades del Estado.

Garantizar condiciones dignas en los centros de reclusión será tarea del gobierno del entrante presidente, Abelardo de la Espriella.

La meta era construir 7.227 nuevos cupos y dejarlos al 100 por ciento; sin embargo, ninguna de las obras que suman $ 1,07 billones quedará terminada.