La radiografía del empalme revela un descalabro y un presunto saqueo mediante contratos suscritos con juntas de acción comunal que fracasaron y el posible uso del instituto para comprar votos de congresistas.

Contraloría señala que hizo pagos no autorizados, uno de estos con incidencia penal. Él dice que delegado que lo investiga gerenció el proyecto.

El abogado había representado al mandatario en un proceso en contra de Carlos Alonso Lucio, asesor de Abelardo De La Espriella.