Las recientes leyes aprobadas por el Congreso de la República con enorme impacto en el gasto público han reabierto un debate que trasciende a sus beneficiarios. No se trata de discutir si docentes, militares, policías o cualquier otro servidor público merecen mejores remuneraciones o pensiones. La verdadera cuestión es: ¿quién responde por la sostenibilidad de las obligaciones que el Estado Peruano asume?