Las recientes leyes aprobadas por el Congreso de la República con enorme impacto en el gasto público han reabierto un debate que trasciende a sus beneficiarios.
No se trata de discutir si docentes, militares, policías o cualquier otro servidor público merecen mejores remuneraciones o pensiones.
La verdadera cuestión es: ¿quién responde por la sostenibilidad de las obligaciones que el Estado Peruano asume?
El artículo 79 de la Constitución reservó al Poder Ejecutivo la administración del gasto público y limitó la iniciativa legislativa para crear o incrementar gasto.
El propósito fue claro: preservar el equilibrio fiscal y evitar que las decisiones políticas o populistas comprometieran recursos cuya disponibilidad corresponde administrar al Ejecutivo.
