El representante fue condenado a cinco años y más de ocho meses de prisión por hechos ocurridos entre 2008 y 2009.

La Corte Suprema concluyó que, cuando era juez de ejecución de penas, concedió un beneficio prohibido por la ley. La sentencia podrá ser apelada.

El representante fue condenado a cinco años y más de ocho meses de prisión por hechos ocurridos entre 2008 y 2009.