Vivir en campaña, escribe Mauricio Merino

Esta semana arrancarán las campañas anticipadas de Morena, con el registro de quienes aspiran a representar esas siglas en los comicios del 2027. Esa decisión de convocar mítines “informativos”, de repartir propaganda impresa y de llamar puerta por puerta con el pretexto de seleccionar a quienes coordinarán ese movimiento “en tierra”, está cargada de símbolos que no deben pasarnos inadvertidos. El primero que salta a la vista es la burla a las reglas electorales. A nadie escapa que el partidogobierno estará vulnerando las normas que prohíben expresamente hacer campañas electorales fuera de los tiempos establecidos por la Constitución, que a la letra dice: “La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales. La duración de las campañas (…) en el año en que sólo se elijan diputados federales (será de) sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales”. Para atropellar esa restricción, Morena usará dos recursos: dirá que no son campañas ni precampañas sino otra cosa y echarán mano del generoso respaldo del INE y del Tribunal Electoral para convalidar ese fraude a la ley, como ya sucedió con el famoso episodio de “las corcholatas” (entre muchos otros casos de “pena ajena”, en los que ambas instituciones se han arrodillado ante el aparato que controla el poder nacional). Y harán algo más: dirán que anticipan esas campañas para defenderse de las acusaciones de sus críticos y sus adversarios que los culpan de faltar a la ley. Una joya de la contradicción retórica. Para mayor abundamiento (como decían los abogados de barandilla) anuncian que no aceptarán ningún acto de corrupción y que desecharán las candidaturas que utilicen recursos públicos. Solo ellos saben qué entienden por corrupción, pues en rigor, es corrupta cualquier persona que vulnera la ley para obtener un beneficio indebido (como anticipar campañas). Pero además omiten que está expresamente prohibido llevar a cabo esos actos de propaganda sin dar cuenta de los gastos que implican ante las autoridades electorales, aunque el dinero viniera de sus propios bolsillos. Y la misma ley dice que quienes rompan esa regla serán castigados con la negación de su registro formal como candidatas o candidatos. Otra joya: de cumplirse la norma vigente a cabalidad, ninguna de las personas que participen de ese despropósito podría registrar su candidatura para las elecciones del 2027. De otra parte, las campañas anticipadas están convocadas explícitamente para denostar a la oposición y llamar a la movilización popular en su contra. Ya que no pueden llamar a las cosas por su nombre, han optado por justificar la simulación con el argumento de estar siendo víctimas de una campaña de desprestigio orquestada por la ultraderecha internacional, en alianza con partidos y personas que han optado por traicionar a la patria. No es un asunto trivial: las campañas que se pondrán en marcha desde hoy no pondrán el acento en los programas o en los proyectos que ofrecen para el futuro de México, sino en la confrontación deliberada con sus adversarios; serán campañas diseñadas para descalificar cualquier alternativa opuesta al gobierno y para acentuar la polarización política del país. En el camino, inevitablemente, habrá acuerdos, pactos y negociaciones de toda índole para seguir afirmando el predominio del aparato que gobierna el país como la prioridad indiscutible del régimen. Nada será más importante, ningún asunto podrá resolverse sin tener ese objetivo en mente y nadie podrá ofrecer resistencia sin pagar los costos de la indisciplina. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

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