Las penas son de nosotros, los data centers son ajenos

Esta semana se retomó el tratamiento del proyecto “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, conocido como Super-RIGI. Diseñado para atraer capitales superiores a los 1.000 millones de dólares en sectores tecnológicos y emergentes, el oficialismo lo define con una frase que merece atención: convertir a la Argentina en un laboratorio de la IA. Desde Asuntos del Sur, centro de investigación e innovación que impulsa transformaciones democráticas desde y para el Sur Global, suscribimos un documento conjunto con Amnistía Internacional, FARN, Géneras y otras once organizaciones de la sociedad civil, presentado ante las Comisiones de Hacienda, Industria y Presupuesto de la Cámara de Diputados, alertando sobre los riesgos concretos del proyecto. El Super-RIGI amplía los ya generosos beneficios del RIGI original donde baja la alícuota de Ganancias al 15%, elimina retenciones desde el día cero y reduce cargas patronales. Además, delega facultades al Ejecutivo sin definir para qué ni para quién. Y en su punto más crítico, sustrae los conflictos de la justicia argentina. Las disputas se resolverán en tribunales internacionales, sin que el Estado pueda exigir el cumplimiento de las inversiones comprometidas. Sin cláusulas ambientales o mecanismos de generación de cadenas de valor locales.

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