Es señalada de manejar un grupo de congresistas de la Comisión VII que habrían recibido contratos a cambio de votar la reforma pensional.

La congresista es investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

El exjefe de la cartera política se encuentra privado de su libertad desde el 18 de diciembre de 2025.