La investigación concluyó que el ataque correspondió a una operación criminal y no a una conducta omisiva del jefe del esquema de seguridad.

La apertura de este caso por las masacres de El Aro y La Granja incluye un llamado a indagatoria del cual aún no hay fecha.

Se investigó una posible omisión o negligencia del jefe de seguridad en el atentado que causó la muerte del precandidato el 7 de junio de 2025.