Toda una polémica se desató luego de que un juez de la Justicia Penal Militar y Policía precluyera la investigación que había contra el jefe de escoltas policiales del senador asesinado Miguel Uribe Turbay.Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Fiscalía decidió sobre Víctor Gómez, jefe de seguridad del políticoSe trata del mayor (r) Javier González Gutiérrez, quien se desempeñaba como Juez 1202 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado y quien aseguró que fue declarado insubsistente apenas una hora y media después de concluir la audiencia en la que resolvió el proceso relacionado con la seguridad del dirigente político fallecido. En conversación con SEMANA, González Gutiérrez dijo que llegó a sus manos este proceso luego del reparto habitual que realizan en todos los casos. “Soy juez de conocimiento especializado de la Justicia Penal Militar y Policial. Ese cargo implica conocer los casos de mayor complejidad o sensibilidad institucional. Por reparto me correspondió el caso relacionado con la investigación seguida contra el jefe de escoltas del senador Miguel Uribe Turbay”, dijo.En medio de la audiencia, el juez determinó que se debía precluir la actuación penal contra el jefe de seguridad de la institución policial. “La decisión principal fue precluir la investigación que se seguía contra un subcomisario de la Policía que estaba a cargo de la escolta policial del senador. Tras analizar el material probatorio, se concluyó que no incurrió en prevaricato por omisión ni dejó de cumplir deliberadamente funciones destinadas a evitar el atentado”, afirmó.De acuerdo con el juez, el encargado de la seguridad de Uribe Turbay cumplió con los procedimientos que realizan antes de un evento como estos. “Se estableció que el oficial desplegó múltiples acciones para garantizar la seguridad del protegido pese a las limitaciones operativas. Tenía escasez de personal, escoltas en franquicia y un esquema reducido. También se determinó que las afirmaciones sobre una supuesta complicidad de policías eran falsas y hacían parte de la estrategia utilizada para convencer al menor que ejecutó el atentado”, sostuvo.Hermana de Miguel Uribe Turbay publicó duro mensaje en plenas elecciones 2026: “Hoy voto por ti”Adicionalmente, indicó que toda la responsabilidad de la seguridad del senador asesinado recaía en la Unidad Nacional de Protección (UNP), aunque precisó que cualquier eventual responsabilidad de funcionarios ajenos al fuero policial deberá ser determinada por la justicia ordinaria.“La responsabilidad principal recaía sobre la Unidad Nacional de Protección. Durante la investigación se evidenciaron dificultades logísticas y limitaciones en los recursos asignados al esquema. Sin embargo, la eventual responsabilidad de funcionarios ajenos al fuero policial deberá ser definida por la justicia ordinaria”, indicó.El mayor González aseguró que el policía investigado no podía ser responsabilizado penalmente porque el delito atribuido exigía demostrar una conducta dolosa.Magnicidio de Miguel Uribe. Foto: Screenshot 'x'“Porque el delito imputado exige dolo. Además, se acreditó que realizó gestiones para reforzar la seguridad, coordinó apoyos con la estación de Fontibón y buscó complementar el esquema con otros escoltas disponibles. Como señalé en audiencia, ‘nadie está obligado a lo imposible’”, manifestó.Sin embargo, la controversia se produjo después de terminada la audiencia. El juez relató que recibió la notificación de su salida del cargo poco tiempo después de haber adoptado la decisión.“Aproximadamente una hora y media después de terminar la diligencia, una funcionaria de la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar y Policial me notificó un acto administrativo mediante el cual fui declarado insubsistente”, afirmó.La medida quedó consignada en la Resolución 000487 del 19 de junio de 2026, expedida por la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, mediante la cual se declaró insubsistente su nombramiento como Juez Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado.El funcionario considera que existe una relación directa entre la decisión judicial y la medida administrativa que terminó con su permanencia en el cargo.“Considero que sí existe una relación. La decisión pudo haberse tomado antes o después, pero ocurrió inmediatamente después de finalizar una audiencia de alto impacto nacional. Por eso considero que no es una coincidencia”, aseguró.Miguel Uribe Turbay, senador asesinado. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANADe acuerdo con la resolución, la Dirección Ejecutiva argumentó que la medida obedeció a necesidades del servicio, a la facultad discrecional para remover funcionarios de libre nombramiento y remoción y a una serie de controversias administrativas que se venían presentando desde 2025, relacionadas con un encargo como fiscal especializado en Popayán que González se negó a asumir.El acto administrativo sostiene que la decisión buscó garantizar la prestación del servicio de administración de justicia y regular una situación que la entidad calificó como anómala.No obstante, el mayor retirado sostiene que detrás de la decisión existe una afectación a la independencia judicial.“Considero que se está afectando la autonomía e independencia judicial. Los jueces, independientemente de la jurisdicción a la que pertenezcan, deben poder tomar decisiones conforme a la ley y las pruebas sin presiones externas”.Incluso fue más allá al señalar que, en su criterio, existen elementos que deberían ser evaluados por las autoridades competentes.“Desde mi perspectiva, sí. Considero que existen elementos que podrían configurar una desviación de poder, asunto que deberá ser evaluado por las autoridades competentes”.González también afirmó que los desacuerdos con la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar no son recientes. Según relató, desde hace varios años ha elevado solicitudes relacionadas con amenazas, traslados y presuntas situaciones de acoso laboral.“Desde tiempo atrás he presentado solicitudes de protección por amenazas que, según mi criterio, no fueron atendidas adecuadamente. También fui trasladado al Cauca y descendido de funciones, pasando de juez a fiscal. He promovido acciones administrativas y quejas por presunto acoso laboral”.Agregó que sus reclamaciones no han tenido una respuesta satisfactoria. “Hasta ahora no he obtenido respuestas satisfactorias. He presentado recursos y solicitudes ante distintas instancias, pero considero que no han sido resueltos de fondo”, agregó.Tras ser declarado insubsistente, el oficial retirado anunció que acudirá a todas las instancias jurídicas disponibles para controvertir la medida.