Es la primera sanción alternativa de la JEP a un oficial del Ejército, tras admitir tardíamente su responsabilidad en los hechos.

Los exintegrantes del Ejército que aceptaron su responsabilidad en estos crímenes ahora esperarán una sanción propia.

Se trata de un coronel, 11 tenientes coroneles, un teniente, tres capitanes, dos mayores, seis suboficiales y cinco soldados profesionales retirados.