El desahucio de Maricarmen ha vuelto a ser aplazado, pero su lucha continúa, mientras que el tímido avance de la vivienda pública en España no ofrece soluciones para personas en riesgo como ella o como las 5.000 familias amenazadas de expulsión por el fondo canadiense Brookfield

Urbagestión acusa al sindicato de cuatro presuntos delitos de coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, contra la intimidad y contra el honor por los que les piden…

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