El máximo tribunal no definió en mayo si el Ejecutivo debe aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, y cada mes de demora le significa al Tesoro unos 117 millones de dólares menos de gasto. Desde enero, el ahorro acumulado ronda los 816 millones. Si el fallo llega en junio y la reglamentación insume 30 días, los pagos comenzarían en agosto, reduciendo el costo anual del 0,2% al 0,08% del PBI. El tribunal deberá además sentar jurisprudencia sobre si un Ejecutivo puede desconocer una ley del Congreso invocando metas fiscales. Lo que resuelva excede al presidente Milei.

El máximo tribunal no definió en mayo si el Ejecutivo debe aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, y cada mes de demora le significa al Tesoro…

Está prevista esta semana una reunión entre funcionarios del Gobierno y los rectores para acercar posiciones; buscarán una solución antes de que se pronuncie el máximo tribunal de…

El máximo tribunal decidirá sobre la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso, pero no tiene plazos y la resolución podría demorar meses.

El máximo tribunal debe resolver sobre la aplicación de la ley de financiamiento universitario y reclamos de las provincias por transferencias de dinero.