Morena catapulta a Maru Campos y agrava conflicto con EU, escribe Mario Maldonado

En Morena parecen no advertir que, en política, la sobrerreacción suele producir exactamente el efecto contrario al que se busca. Lo que hasta hace unas semanas era una gobernadora con niveles de desgaste visibles y dos aspirantes de Morena creciendo en Chihuahua —Andrea Chávez y el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar— se ha convertido, por obra de la confrontación impulsada desde Palacio Nacional, en una figura revitalizada y con una proyección que podría rebasar la frontera de su estado. María Eugenia Campos pasó, casi de golpe, de jugar a la defensiva a convertirse en un activo político nacional del PAN.Dentro del gobierno federal y en la 4T hay quienes observan con preocupación el manejo del caso Chihuahua. No porque defiendan a la mandataria panista, sino porque entienden el costo político de colocarla todos los días en el centro del debate nacional. El episodio del narcolaboratorio desmantelado en el municipio de Morelos y la revelación sobre la participación extraoficial de agentes estadounidenses detonó una crisis bilateral de enorme calado. La presidenta Sheinbaum quiso presentar el caso como una afrenta a la soberanía nacional y encontró en Maru Campos un blanco perfecto. Por su parte, la flamante lideresa de Morena, Ariadna Montiel, escaló el caso con más con movilizaciones y exigencias de destitución por supuesta “traición a la patria”. Aunque el cálculo parece haber fallado.Campos optó primero por una respuesta institucional, aunque con el paso de los días endureció el tono. Negó haber tenido conocimiento o haber autorizado la presunta participación de agentes estadounidenses en el operativo de Morelos, defendió los resultados del decomiso y anunció investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Ya después, en entrevistas, acusó una embestida política desde Morena, rechazó que Chihuahua se convierta en “piñata” del oficialismo y buscó reposicionarse como blanco de una ofensiva del gobierno federal.Eso le permitió reposicionarse no como una gobernadora bajo sospecha, sino como víctima de una ofensiva política del oficialismo. En México, donde el uso del aparato gubernamental contra opositores se ha vuelto parte de la conversación pública, el papel de perseguida le está resultando políticamente rentable.Morena llegó a Chihuahua con condiciones favorables para competir seriamente en 2027. Andrea Chávez había logrado posicionamiento nacional y exposición en la entidad. Cruz Pérez Cuéllar mantenía control territorial en la plaza más relevante del estado, apoyado por Ariadna Montiel. Maru Campos, en contraste, arrastraba desgaste, cuestionamientos locales y encuestas menos favorables.No obstante, ahora el PAN no sólo observa una posibilidad real de retener Chihuahua, sino que comienza a visualizar algo que hace meses parecía improbable: convertir a Campos en una de las pocas figuras opositoras con dimensión nacional, en el contexto de que la oposición carece de perfiles presidenciales sólidos. Panistas como Ricardo Anaya, Lilly Téllez, Santiago Taboada, entre otros, lucen inviables dentro del PAN. En el PRI el único que destaca es Alito Moreno, mientras que Movimiento Ciudadano sigue atrapado entre su ambigüedad estratégica y liderazgos regionales sin alcance nacional. En ese vacío, una gobernadora mujer, con discurso de confrontación institucional frente al oficialismo, puede adquirir una relevancia inesperada.Más aún cuando el conflicto con Chihuahua se cruzó con el pleito de dimensiones insospechadas del gobierno mexicano con Estados Unidos. El reclamo por la presunta actuación unilateral de la CIA coincidió con el endurecimiento del discurso y las acciones de Washington contra actores políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos criminales. El caso Rubén Rocha Moya abrió una etapa distinta.El escenario para Morena se vislumbra complicado. En varios estados con renovación de gubernatura en 2027 mantiene ventaja incluso con gobernadores cuestionados, aunque esa fortaleza no es invulnerable y va a la baja. Eso parece estar ocurriendo en Chihuahua. La gobernadora que hace poco lucía acorralada, hoy se ve fortalecida. Morena, que conoce bien esa lógica porque se benefició de ella durante años, está repitiendo el error de sus antecesores.Posdata 1El dilema del Partido Verde respecto de su alianza con Morena comienza a parecer más de supervivencia política y de reputación. Mientras escala el conflicto entre el gobierno mexicano y estadounidense por los vínculos de personajes del oficialismo con el crimen organizado, en Washington vuelve a tomar fuerza la idea de designar a los cárteles como organizaciones terroristas.El PVEM —que encabeza formalmente Karen Castrejón, pero que operan Jorge Emilio González y Manuel Velasco— enfrenta la disyuntiva sobre cuánto le conviene seguir atado a Morena si esa presión termina contaminando a toda la coalición gobernante. Porque una cosa es acompañar al partido en el poder y otra cargar con el costo político, e incluso internacional, de una eventual radicalización del conflicto con Estados Unidos. El Verde, que históricamente ha hecho de la pragmática su principal ideología, ya comenzó a mandar señales. En la Ciudad de México, Jesús Sesma prácticamente dio por rota la relación política con Morena al admitir que ni siquiera existe interlocución partidista y abrir la puerta a competir solos en 2027, incluso en bastiones morenistas como Iztapalapa, Tláhuac o Iztacalco. En el Estado de México la convivencia tampoco es tersa; las disputas por espacios, estructuras territoriales y candidaturas han sido constantes, con un morenismo que suele tratar a sus aliados como subordinados y no como socios. En esa lógica, Karen Castrejón y la cúpula verde buscarán cobrar caro cualquier alianza rumbo a 2027. Más posiciones legislativas, candidaturas competitivas y margen para operar con autonomía en estados donde tienen fuerza propia, como Nayarit o San Luis Potosí. El cálculo comienza a ser que Morena ya no ofrece la certidumbre política de 2024 y se puede complicar su asociación en 2027. Posdata 2 Como sucedió la semana pasada con la perspectiva negativa de S&P, la rebaja de la calificación de Moody’s a México se trasladó al sistema financiero con recortes a siete entidades, entre ellas BBVA México, Banorte y Santander. Es el efecto cuando el riesgo país se deteriora. Los bancos más sólidos pueden presumir buena capitalización y utilidades, pero operan bajo una lógica similar que el soberano.Lo relevante es que Hacienda intentó vender la rebaja soberana como un ajuste administrable porque Moody’s también cambió la perspectiva de negativa a estable.S&P ya había encendido otra alerta con el cambio de perspectiva negativa para México, y también para Pemex, la CFE y una docena de bancos. Se está configurando una cadena de deterioro crediticio que empieza en las finanzas públicas, pasa por las empresas del Estado y alcanza al sistema bancario. Las principales vulnerabilidades son el bajo crecimiento, la presión fiscal y el costo estructural de sostener a Pemex. México conserva el grado de inversión, aunque en el último escalón tratándose de Moody’s y Fitch.Posdata 3La farmacéutica AstraZeneca, que en México dirige Leticia Murray, sigue ofreciendo al gobierno mexicano instalar una nueva planta para producir localmente el medicamento dapagliflozina para atender la diabetes, la insuficiencia cardiaca y la enfermedad renal, a cambio de que el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, ratifique la compra exclusiva por cinco años de cerca de 20 millones de piezas de su marca Forxiga, un negocio que supera los 20 mil millones de pesos.No obstante, en sus viajes al extranjero, la directora del laboratorio inglés ha destacado las dificultades de materializar la construcción de la planta por la “incertidumbre” generada en el marco de la discusión del T-MEC y las tensiones bilaterales entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. En la industria sugieren que Murray estaría cerca de una promoción a Europa una vez asegurado el mencionado contrato que, para el escenario de las multinacionales farmacéuticas, representa un bono millonario de hasta el 50 por ciento del sueldo base de un CEO regional, mismo que saldría directamente de las arcas del gobierno mexicano. @MarioMalÚnete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

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