El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pide al Supremo que anule la fianza de 75.000 euros que le impuso el juez Ángel Hurtado.

González Amador asegura que “jamás” ha existido “una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa”

García Ortiz ha consignado ya la cantidad inicial mediante un aval inmobiliario