Policía se prepara para entrar a las universidades: el debate por los alcances de la protesta, la garantía de orden público y la fuerza del Estado

Noticia Exclusivo suscriptores Así lo anunció el presidente Abelardo De La Espriella. Juristas y expertos debaten sobre los alcances de la nueva medida.Protesta de estudiantes de la Universidad Nacional. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO14.09.2026 10:44 Actualizado: 14.09.2026 10:44

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó durante su alocución del domingo la creación de un protocolo nacional para que la Policía tenga nuevos lineamientos que le permitan ingresar a las universidades, en casos de violencia, vandalismo y hasta actos terroristas. “La autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución”, señaló el presidente.El máximo mandatario explicó que su Gobierno respetará y garantizará el derecho a la libre manifestación, siempre y cuando sea pacífica y sus acciones se enmarquen dentro de la Constitución. No obstante, De La Espriella consideró que la Policía debería tener otro tipo de respuesta cuando considere que pueden presentarse hechos de violencia originados al interior de los centros educativos.Abelardo de la Espriella Foto:Abelardo de la EspriellaAsí lo explicó en su alocución: “El terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra fuerza pública y la población civil no son protestas, son conductas que el Estado tiene el deber de enfrentar de manera decidida”. Por ello, De La Espriella designó a la Policía Nacional como la primera autoridad operativa para atender estas situaciones.Hernando Herrera, director de Corporación Excelencia por la Justicia, explica que cuando la protesta deja de ser pacifica, para efectos de vandalizar y de cometer actos que van en contra de otras personas o en contra de infraestructura, "se habla entonces de actuaciones delictivas y frente a ellas el Estado social de derecho permite, desde luego, no solamente la intervención de la Fuerza Pública, sino también el que conozca esas actuaciones la Fiscalía para que eventualmente lleve esa situación a los jueces y resulten condenados los responsables". Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Foto:Corporación Excelencia en la JusticiaPara Jorge Mantilla, doctor en Criminología de la Universidad de Illinois y experto en seguridad, hay que partir de la base de que la ley vigente ya permite la intervención policial bajo ciertas circunstancias urgentes. Primero, cuándo hay un riesgo inminente de que una o un grupo de personas mueran o estén en un riego que pueda resultar en un daño irreversible. Es decir, cuando se trate de una emergencia o un rescateLuego, cuando existe una orden judicial por parte de un juez o de un fiscal para realizar un allanamiento o algunos actos urgentes. También, cuando exista flagrancia o se esté desarrollando por ejemplo una persecución y le presuntos delincuentes se oculten en los predios de una universidad. Y, asimismo, cuando el consejo superior de la universidad o los máximos órganos de gobierno así lo soliciten.Protesta estudiantes Universidad Nacional Foto:César Melgarejo / EL TIEMPOEn todo caso, de originarse un nuevo protocolo, “la policía debería siempre entrar a la universidad acompañada de autoridades universitarias o con el Ministerio Público que acrediten sus actuaciones, y haga las veces de un tercero imparcial observando que los procedimientos adelantados sean oportunos, pertinentes y estén ajustados a la ley”, explicó Mantilla.Jorge Mantilla, Border Fron. Foto:Archivo ParticularDe hecho, el experto considera necesario “que haya un protocolo que determine las circunstancias y escenarios bajo las cuales la Policía puede entrar a las universidades. Este protocolo debe ser concertado con los órganos de gobierno de las universidades y no ser el resultado de una decisión unilateral del gobierno nacional o del presidente de la República”.A su turno, la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos dhColombia, explica que el anunció debe tomarse con pinzas, pues, en su concepto, la experiencia indica que Colombia y sus gobiernos no han logrado establecer el control efectivo al despliegue de la fuerza en el marco de la protesta social. Aparte, agrega la asociación, ni la Procuraduría, la Fiscalía y los jueces penales han podido investigar, juzgar y sancionar de manera eficiente, célere y acorde a la línea de mando dichas vulneraciones a derechos cometidas por la Fuerza Pública.“Un ejemplo de ello, es el caso del asesinato de Jhonny Silva en 2005 ocurrido dentro del campus de la Universidad del Valle, que en su momento fue estudiado por la Comisión Interamericana y en cuyo caso el Consejo de Estado constató una vulneración al deber de investigar, juzgar y sancionar a cargo del Estado colombiano. El anuncio para establecer un protocolo a dichas intervenciones deberá tener claro que un derecho fundamental no es objeto de regulación a través de dicho instrumento”, concluyó dh Colombia.Jhonny Silva era estudiante de quinto semestre de Química y de primero de Física. Foto:Archivo particularNéstor Rosanía, experto en seguridad y corresponsal de guerra, argumentó que la autonomía universitaria está protegida por el artículo 69 de la Constitución, por lo cual el gobierno debería impulsar un acto legislativo si quisiera controvertirlo. Lo que debería hacer el Ejecutivo es, en su lugar, avanzar con una nueva interpretación amparada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual ha expresado que la autonomía universitaria es amplia, pero no absoluta, sobre todo cuando se trata de protección de derechos.Néstor Rosanía, corresponsal de guerra y experto en seguridad. Foto:Universidad Jorge Tadeo Lozano“El protocolo debería decidir en qué casos entrar o no entrar, porque no se puede tampoco abrir una puerta completamente a que la Fuerza Pública esté entrando a las universidades porque es un riesgo demasiado alto. Además, necesariamente y obligatoriamente tendría que haber defensores y defensoras de derechos humanos que estén acompañando el ingreso de la Fuerza Pública y garantizando que no haya ningún tipo de violación a los derechos humanos. Creo que la narrativa que se ha impuesto es Policía versus universidad pública, y no un trabajo articulado. Eso se necesita”, concluyó Rosanía.Jhoan Sebastian Cote Lozanojhocot@eltiempo.com@SebasCote95 en XMÁS INFORMACIÓN EN SECCIÓN JUSTICIA Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.