NoticiaEl Consejo Académico de la UPN respondió al presidente, quien autorizó a la Policía a intervenir en campus universitarios en casos de vandalismo.Universidad Pedagógica Foto: Universidad Pedagógica.PERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD14.09.2026 08:42 Actualizado: 14.09.2026 08:42
El Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) emitió un comunicado a la opinión pública en el que reivindica la autonomía universitaria como uno de los pilares del Estado Social de Derecho y advierte sobre los riesgos de responder a las dinámicas conflictivas de las universidades públicas con estrategias de militarización y represión.El pronunciamiento, titulado “La universidad entre el saber, la cultura y su autonomía”, llega un día después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara que la Policía podrá entrar a las universidades del país cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o terrorismo.Instalaciones de la Universidad Pedagógica. Foto:Universidad PedagógicaLa respuesta del Consejo AcadémicoEn el documento, el máximo órgano académico de la UPN recuerda que el artículo 69 de la Constitución Política y la Ley 30 de 1992 consagran la autonomía universitaria como un principio fundante del sistema de educación superior en Colombia. Esta autonomía, señala el comunicado, les otorga a las universidades la facultad de darse sus propias directivas, regirse por sus estatutos y desarrollar con libertad sus funciones misionales de docencia, investigación y extensión.El Consejo Académico sostiene que esta garantía constitucional protege, además, la libertad de pensamiento, la producción de saberes, la investigación social, educativa y pedagógica, la creación artística y el debate crítico, elementos que considera constitutivos de una sociedad democrática.Uno de los puntos centrales del comunicado es el llamado a no repetir episodios del pasado. El Consejo Académico afirma que la historia del país “ya ha mostrado en reiteradas situaciones las graves consecuencias” de enfrentar los conflictos al interior de las universidades públicas mediante la militarización.Para sustentar esta afirmación, el documento cita el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), en su capítulo dedicado a los territorios, correspondiente al caso “Universidades y conflicto armado en Colombia”.Según esa fuente, entre 1962 y 2011 se documentaron 588 crímenes contra integrantes de comunidades universitarias en el país, en un periodo marcado por la violencia estatal, el paramilitarismo y la acción de otros actores armados.Edificio Universidad Pedagógica Nacional en el centro de Bogotá Foto:Cortesía Ministerio de EducaciónEl comunicado precisa que estudiantes, docentes, egresados y trabajadores fueron víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y procesos de estigmatización, hechos que —según el Consejo Académico— dejaron profundas afectaciones en la vida académica y democrática del país.Los campus como espacio de diversidad y democraciaEl comunicado describe a los campus universitarios como espacios donde confluyen la diversidad política, religiosa, social, cultural, étnica y sexo-genérica, y en los que se ejercen libertades esenciales para la democracia y la justicia en sus dimensiones social, epistémica, ambiental, restaurativa y anamnética.En esa línea, el Consejo Académico advierte que cualquier intervención que limite la autonomía universitaria, o que pueda derivar en actuaciones de la fuerza pública que no respeten el principio de proporcionalidad, atentaría contra derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la protesta pacífica, la libertad de asociación y el derecho a la educación.El documento recuerda que estos derechos están protegidos tanto por la Constitución colombiana como por los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a la legislación nacional a través del bloque de constitucionalidad.Frente a las diferencias de pensamiento propias de la vida educativa, cultural y democrática, el Consejo Académico plantea que estas deben resolverse mediante la deliberación pública, con la participación de las comunidades y las autoridades educativas de todo el país.El comunicado de la UPN no se limita a la defensa de la autonomía frente a eventuales medidas de fuerza. También incluye un llamado a que la política pública dirigida a las universidades del país se oriente al fortalecimiento integral del sistema universitario público.Para ello, el Consejo Académico pide una financiación “suficiente, progresiva y sostenible” que amplíe las oportunidades de acceso y permanencia de jóvenes y adultos, impulse la investigación y consolide grupos y centros orientados al cuidado de la vida, y que modernice y amplíe la infraestructura física y tecnológica de las instituciones para responder a lo que el documento denomina la “actual policrisis planetaria”.El texto reitera, asimismo, la necesidad de dignificar el trabajo docente, garantizar condiciones laborales justas, generar alternativas de empleo para los egresados y fortalecer el bienestar universitario.Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia. Foto:AFPEn el cierre del comunicado, el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional señala que promover el desarrollo y fortalecimiento de las ciencias, las artes, las humanidades, la educación, la pedagogía y la cultura constituye una tarea prioritaria dentro del ethos institucional de la universidad, sobre la cual —afirma el documento— una sociedad democrática se erige para construir su porvenir.El contexto: el anuncio presidencialEl pronunciamiento de la UPN se produce después de que, ayer domingo 13 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella anunciara que la Policía podrá entrar a las universidades del país cuando se presenten hechos de violencia, vandalismo o terrorismo.En una alocución transmitida por sus redes sociales, De la Espriella sostuvo que “la autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”.El mandatario anunció además la creación de un protocolo nacional para diferenciar entre las protestas pacíficas y las actuaciones que, según su Gobierno, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. Aseguró que respetará y garantizará la protesta pacífica que se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley, pero advirtió que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la fuerza pública y la población civil no pueden considerarse formas de protesta.De la Espriella señaló que la medida busca proteger a los estudiantes que quieren estudiar, debatir y protestar pacíficamente, pero advirtió que quienes utilicen los campus para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la fuerza pública serán perseguidos por las autoridades. Concluyó que las universidades deben ser espacios para “el conocimiento, las ideas y el debate” y no convertirse en refugios para la violencia o el terrorismo.El pronunciamiento de la UPN se suma así a un debate nacional que enfrenta la defensa de la autonomía académica con los argumentos de orden público planteados por la Presidencia de la República.EDWIN CAICEDOPeriodista de Medioambiente y Salud @CaicedoUcros Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
