El contenido de los informes desclasificados por el Gobierno, que reflejan la existencia de avisos previos por parte de organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tanto sobre el incremento de llegadas por vía marítima como de la existencia de convocatorias en redes sociales unas horas antes de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, ha situado a la Delegación del Gobierno en Ceuta en el punto de mira de la Audiencia Nacional.
La constancia de que existieron comunicaciones directas con el departamento que dirige Miguel Ángel Pérez Triano y la rápida dimisión de su jefe de gabinete han terminado por complicar tanto la situación de Triano como la de Gonzalo Sanz, interlocutor probado en estos contactos. Pese a que este último ha alegado razones personales para esta salida —tras volver a asegurar que él sí transmitió la alerta del CNI a su superior—, es evidente su relación directa con la llamada recibida por parte de los servicios de inteligencia que no solo no provocó un incremento de las medidas de protección en la frontera, sino que se negó en inicio por parte de la Delegación.
Más allá de la incompetencia, lo cierto es que esta dejación puede tener consecuencias penales. Ignorar una alerta puede ser delito, como ya se ha encargado de dejar claro la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. El catálogo va desde la omisión de perseguir delitos hasta la imprudencia por las muertes producidas en las entradas masivas por mar. Algunas de las acusaciones personadas elevan la apuesta y hablan de traición, por un conocimiento de información clasificada que quedó, sin embargo, inutilizada.
