El juez Pablo Aragón ha archivado la investigación abierta a la Casa de Alba por un supuesto robo masivo de agua junto a Doñana a través de nueve pozos que carecían de permisos, según denunciaron la Fiscalía y la Guardia Civil. El magistrado da carpetazo a las pesquisas abiertas hace tres años porque considera que no está acreditado que las extracciones de la familia terrateniente hayan socavado el nivel del acuífero junto al Parque Nacional, en Aznalcázar (Sevilla). El magistrado estima que no hay pruebas de que las captaciones de la finca Aljóbar hayan dañado el medio ambiente, pese a que el instituto armado cifró el daño ecológico entre 3.807 y 6.640 millones de litros de aguas subterráneas, valorado en unos seis millones de euros. La Casa de Alba admitió en el juzgado que siete de sus nueve pozos carecieron de permisos legales durante una década. “Las diligencias que se han practicado generan importantes dudas y no permiten acreditar que esas captaciones de aguas hayan alterado o puedan haber alterado el balance hídrico del acuífero, que es lo único susceptible de ser afectado”, concluye Aragón, juez titular del Tribunal de Instancia 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) en su último auto dictado este jueves. El magistrado considera que tras tres años de instrucción no hay “indicios suficientes de la comisión de un delito medioambiental” porque el acuífero Aljarafe Sur junto a Doñana no se encuentra sobreexplotado, según la resolución motivada avanzada este viernes por Diario de Sevilla. La empresa de la Casa de Alba Eurotécnica Agraria extrajo agua durante una década mediante nueve pozos supuestamente clandestinos pese a que solo tenía permiso para dos de ellos, según denunció la Fiscalía tras la denuncia de dos extrabajadores de la finca de naranjas con 200 hectáreas que la familia latifundista posee a las afueras de la capital andaluza. El presunto daño ecológico denunciado por los investigadores de la Guardia Civil no impidió que el Gobierno, a través de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir, legalizara los pozos e hiciera borrón y cuenta nueva para que el riego volviera a fluir como antaño por estos terrenos. Durante su investigación, los agentes censuraron que Eurotécnica Agraria provocó el descenso paulatino del acuífero, la salinización del suelo y la desertificación progresiva del entorno hasta matar la flora y fauna. Sin embargo, el magistrado desecha los argumentos de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente para acreditar el daño medioambiental provocado y la existencia de delito, y ha decidido archivar las pesquisas. Ecologistas en Acción ha avanzado que recurrirá la decisión del juez ante la Audiencia de Sevilla y la Fiscalía está a la espera de recibir el auto para pronunciarse. José García-Carranza, abogado de Luis Martínez de Irujo, duque de Aliaga, ha resumido la bienvenida de la familia a la decisión judicial: “La propiedad está satisfecha porque ha colaborado con la justicia. El agua detraída estaba autorizada y nunca se extrajo más de la autorizada. La propiedad siempre se ha ceñido a lo autorizado y la finca entera tiene ahora autorizadas sus extracciones”. La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla censuró que el acuífero Aljarafe Sur tiene un índice de sobreexplotación del 0,91% y un descenso importante del nivel de piezómetros los últimos cinco años, lo que ha supuesto daños importantes sobre el ecosistema que podrían llegar a ser irreversibles. Sin embargo, el juez tira por tierra las estimaciones del ministerio público: “Con los informes técnicos recabados no puede concluirse, ni de manera indiciaria, que las extracciones realizadas en esa finca (…) hayan supuesto un peligro para el acuífero o su hábitat”. El magistrado recuerda que recientemente la Comisaría de Aguas de la Confederación ―que dirige el comisario Alejandro Rodríguez― ha legalizado las extracciones, y deduce: “No parece que esas extracciones hayan venido causando un impacto negativo en el caudal y/o en la calidad de las aguas de un acuífero que se viene declarando en buen estado en todos los planes hidrológicos desde el año 2021”, añade. En paralelo, el juez pasa por alto que Martínez de Irujo admitió en su declaración como investigado en febrero de 2025 que sus nueve pozos carecían de contadores para medir la cantidad que extraía del acuífero bajo sus tierras. Además, el aristócrata comenzó el procedimiento para regularizar siete de sus nueve pozos ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ―del Ministerio para la Transición Ecológica― después del inicio de la investigación, por lo que admitió que entre 2014 y 2024 la finca carecía de permisos legales. La ausencia de caudalímetros en los pozos para medir el agua extraída contraviene la Ley de Aguas de 1986. El aristócrata admitió ante el magistrado que tras heredar la finca en 2016 de su abuela, Cayetana de Alba, desconocía su funcionamiento al residir en Madrid y solo tras la denuncia de los técnicos de la Confederación en 2023 intentó regularizar los pozos entonces precintados. El duque de Aliaga solo respondió al juez y evitó a la acusación particular, representada por Ecologistas en Acción. Los cultivos de la finca Aljóbar incluye ahora olivos, que requieren menos agua que los naranjos. En octubre de 2023 el padre de Luis Martínez de Irujo, Alfonso, admitió la irregularidad de no inscribir los pozos a preguntas de este diario, aunque le quitó hierro: “Hay una serie de pozos más de los debidos, pero no es tan malo como aparenta. Hubo pinchazos hace 20 años, pero no los hice yo y desde hace cinco años [que dirige la explotación] había otras urgencias como la maquinaria. Tengo donde agarrarme, me encuentro tranquilo y no es ilegal, aunque debí haber priorizado este tema”.La extracción de agua produjo durante una década una cosecha de 53 millones de kilos de naranjas hasta 2024, según la contabilidad interna de la empresa de la Casa de Alba. Esos 53 millones de kilos generaron unos ingresos estimados de unos 29 millones de euros en total, a un precio aproximado de 0,55 euros el kilo, según la estimación de un productor de naranjas gourmet que pidió anonimato.