La jueza de la dana ha rechazado, en un auto dictado este jueves, los recursos de reforma de las defensas de ambos investigados en la causa —la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso— contra la decisión de la instructora de rechazar que se solicite a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, la aportación voluntaria de sus llamadas y mensajes durante el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 232 fallecidos.
La jueza afirma que las defensas no aportan “ninguna prueba, testimonio, necesidad de corroboración de alguna comunicación o circunstancia que justifique dicha pretensión de aportación voluntaria de comunicaciones, dado el tiempo transcurrido desde las declaraciones testificales [de Bernabé y de Polo] y el gran número de pruebas practicadas desde entonces”.
Las defensas pretendían con esa diligencia conocer la información con la que contaban ambos testigos sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo. “No se precisa en el recurso la razón de verificar sus comunicaciones, ni las discrepancias de la declaración de la testigo con hechos constatados, documentos aportados, informes que hagan preciso volver nuevamente a realizar dicho ofrecimiento”, afirma la resolución.
