La desclasificación de 40 documentos relativos a la gestión de la crisis migratoria de Ceuta ha cargado de razones a los socios parlamentarios del Gobierno para elevar la contundencia de sus críticas. Formaciones como ERC, Junts o el PNV, que llevan semanas siendo muy duras con el Ejecutivo por su actuación durante la entrada masiva del 30 de julio y en las semanas posteriores, denunciaron este jueves la escasa diligencia con la que consideran que se trató el aviso del CNI sobre una convocatoria en redes de un eventual intento de acceso irregular a través de la frontera.
Estos partidos, no obstante, han evitado cuidadosamente asumir las tesis del PP, que apenas unos minutos después de la desclasificación afirmó que los documentos demuestran que el Gobierno “tenía la información” de que se iba a producir una “invasión” de enormes proporciones e hizo “una dejación de funciones manifiesta y dolosa”. Pese a sus críticas, PNV, ERC o Junts rechazaron alinearse con estas posiciones y admitieron que la información que manejaba el Ejecutivo no era concreta ni podía extraerse de ella que en la entrada masiva fueran a participar más de 70.000 personas, como finalmente terminó ocurriendo.
Estos socios se mostraron muy duros a lo largo del jueves no solo con la gestión del Gobierno durante los días 30 y 31 de julio, sino también las semanas posteriores, tanto a nivel migratorio como comunicativo. Varios de ellos, de hecho, pidieron dimisiones durante el debate en el Congreso de una proposición no de ley del PP relativa a la crisis de Ceuta. Fue el caso del diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, que espetó al Ejecutivo que “la gestión ha sido mala y la narrativa posterior ha sido peor” y calificó de “incomprensible” que ningún miembro del Consejo de Ministros haya cesado en su cargo.
