El pasado lunes finalizaba el plazo de la famosa puja para la compra del ático de Chamberí que adquirió la Comunidad de Madrid y que se convirtió en una patata caliente para Isabel Díaz Ayuso. De momento no se sabe si ya tiene propietario, pero por el Paseo General Martínez Campos no es difícil ver a grupos de peatones que se detienen ante el número 35, donde está ubicado, y que señalan hacia arriba con el dedo como si se tratara de una atracción turística. Uno, la verdad, sería partidario de que no se vendiera a ningún particular, sino de que se convirtiera en un museo, un monumento nacional, un homenaje a la clase política de la época que estamos viviendo.No bromeo. Pese a la magnificación demagógica que ha rodeado a su denuncia por parte de la oposición, resulta obvio que, en el affaire del ático de Chamberí, había gato encerrado. Si no se compró con el propósito de que sirviera de domicilio para la presidenta madrileña, se tuvo que adquirir para disfrute y solaz del equipo que trabaja con ella, lo cual sería todavía más inexplicable. Esos funcionarios serían, por lógica, los más privilegiados del planeta: en lugar de destinarlos a las clásicas oficinas grisáceas, se habría tenido con ellos el detalle de buscarles un lujoso y sugerente hábitat para su trabajo diario.Dicho esto, la escandalera tiene algo o mucho de agravio comparativo en el contexto español. Vivimos en un país que ha aceptado como la cosa más natural del mundo que más de media docena de sus comunidades autónomas dispongan de una residencia oficial para sus presidentes, desde la Casa dels Canonges en Barcelona hasta el Palacio de San Telmo en Sevilla, pasando por el Palacio de Ajuria Enea en Vitoria.Este último caso sería el más sangrante, pues a ese coqueto edificio se añade la sede del Gobierno vasco en el barrio de Lakua y la de la Lehendakaritza en la calle Navarra. En contraste con ese ostentoso alarde de poderío, la Comunidad de Madrid tiene en la Casa de Correos su sede exclusivamente administrativa.A ese hecho hay que añadir otro marcado por el propio signo ético de los tiempos. Pese al generalizado e impúdico yuppismo de la clase política, ninguno de los actuales presidentes de esas autonomías reside ya en esos edificios. Todos viven en sus domicilios particulares. Dicho de otro modo, a Madrid se le pasó el arroz de contar con una residencia presidencial en una época en la que muchos jóvenes altamente cualificados carecen de poder adquisitivo para hacerse con una vivienda propia.