El presidente Abelardo de la Espriella sigue con su desmonte de las decisiones que tomó su antecesor, Gustavo Petro, con la ambiciosa meta de lograr acuerdos de paz simultáneos con los distintos grupos armados ilegales de Colombia. En la noche de este miércoles, ha ordenado el cierre definitivo de la zona donde permanecen 99 disidentes de las antiguas FARC que entregaron sus armas, en el avance más grande de la política de paz total. Se trata de un espacio rural del municipio de Valle del Guamuez, en el amazónico departamento del Putumayo, donde el 18 de junio se concentraron los miembros de los Comandos de Frontera, estructura que hace parte de la alianza conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).La decisión pone fin anticipadamente a una protección que inicialmente iba hasta diciembre y aumenta las dudas sobre el futuro de las personas que estaban haciendo tránsito a la vida civil en esa Zona de Ubicación Temporal o ZUT. La resolución presidencial deja en manos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización o ARN, la entidad estatal encargada de acompañar a las personas que dejan las armas, mantener ese proceso, pero de forma individual y fuera del espacio físico. Esa indicación enfrenta una dificultad: la ARN vive una crisis por cuenta del congelamiento de recursos por parte del mismo Gobierno.Se trata de una continuidad que se sustenta en el hecho de que el proceso con los Comandos de Frontera se enmarca en el sometimiento a la justicia, un procedimiento que De la Espriella ha señalado que se mantendrá en su Gobierno y que se aplica a quien abandone cualquier grupo armado. Ese método se diferencia de las negociaciones bilaterales en las que el Estado y un grupo acuerdan un tratamiento colectivo con condiciones sui generis.La ARN había advertido que el cierre anticipado de la zona de ubicación implicaba riesgos para el proceso de reincorporación. En un documento enviado el mismo 9 de septiembre a los países garantes de ese proceso de diálogo (Suiza, Países Bajos, Venezuela, Noruega y Uruguay) y a organismos acompañantes como la ONU, la MAPP-OEA y la Conferencia Episcopal, alertó sobre un “riesgo importante en garantías de derechos y seguridad” y “de reincidencia de esta población, así como de credibilidad institucional del Estado colombiano frente a procesos de desmovilización y sometimiento”. La entidad también señaló que existen barreras jurídicas, de seguridad, documentación, regularización migratoria y acceso al sistema financiero que afectan a quienes se concentraron en la ZUT.La ARN envío un oficio similar el miércoles a la Defensora del Pueblo, Iris Marín, y al procurador, Gregorio Eljach.De los 99 excombatientes que ingresaron, 86 habían entrado formalmente a la ruta de reintegración de la ARN y estaban registradas en su sistema para acceder a los beneficios iniciales.“Aquí estamos los que nos quedamos”En un video difundido el miércoles en la noche, varios excombatientes afirman que permanecerán en la zona, pese al cierre anunciado, y confirman que otros ya se han ido del lugar. “Hemos tomado una decisión de valientes. Lo sentimos mucho por los compañeros que abandonaron la ZUT, cada uno es responsable de sus actos. Aquí estamos los que nos quedamos y seguimos en esta ruta”, dice uno de los hombres.Según fuentes cercanas a ese proceso, 43 de los 99 permanecen en el lugar.En la grabación, los exguerrilleros hacen un llamado a la ARN para que mantenga su presencia en la zona. Es un reclamo que coincide con una preocupación que la ARN trasladó al alto Gobierno en otro documento fechado el lunes 7 de septiembre, cuando pidió a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y al Fondo Colombia en Paz que le informaran del procedimiento para el cierre y, en particular, cómo se comunicaría la decisión a las 99 personas, sus abogados, las comunidades, las autoridades locales y los cabildos indígenas de la zona.Armando Novoa, negociador del Gobierno Petro en esa negociación, cuestionó la decisión del Ejecutivo de cerrar la zona sin tener una hoja de ruta clara para los excombatientes. “Me sorprende porque este nuevo Gobierno mantiene la retórica de que la opción de tratamiento con estos grupos armados es una estrategia de sometimiento, pero con esta resolución desconoce las garantías de la ley que está vigente en el Código Penal”, explica. Para Novoa, el Gobierno “improvisa”. “Eso no sería a este punto grave si no fuera porque están desconociendo derechos fundamentales que tienen esas 99 personas”.Novoa indicó que, si bien ellas tenían un compromiso de permanencia, no es claro si seguían obligadas tras el anuncio. “La pregunta que hay, que no resuelve la ley con claridad, es qué pasa si el Gobierno acaba la zona unilateralmente. Las personas estaban ahí bajo la promesa de unas garantías que no otorgó el Gobierno anterior, sino las que otorgan la ley y la Constitución”, explica, y señala que no han hecho presencia de la Fiscalía ni otra autoridad que establezca esa hoja de ruta.La resolución que ordena el cierre establece que antes del 30 de septiembre se debe ejecutar un plan de cierre y transición que debe coordinar la Oficina del Comisionado de Paz, que aún no tiene cabeza y que el Ejecutivo prevé cambiar por una Oficina de Seguridad de la Presidencia.