El entorno digital dejó de ser un espacio ajeno a la vida escolar de niñas, niños y adolescentes. Las redes sociales, los videojuegos y las plataformas de comunicación forman parte de su rutina diaria, pero también se han convertido en escenarios donde aumentan situaciones como el ciberacoso, el grooming y la sextorsión. Una encuesta nacional de Aldeas Infantiles SOS Perú evidencia que la exposición a estos riesgos está creciendo más rápido que la capacidad de prevención y respuesta de las familias y las escuelas. El dato más preocupante es que el porcentaje de niñas, niños y adolescentes (NNA) que manifiesta haber vivido alguna situación de riesgo en internet pasó de 12,7% en 2024 a 24,9% en 2026. Es decir, prácticamente se duplicó en apenas dos años. TE RECOMENDAMOSGUTIÉRREZ DEFIENDE A AMIGOS ¿Y EL PUEBLO? | MARCO RUBIO LLEGA AL PERÚ | ARDE TROYA La investigación, realizada entre mayo y junio como parte de la quinta edición de la campaña #ConectadaSOS, recogió información de NNA de 10 a 17 años, además de madres, padres, cuidadores, docentes y directores de instituciones educativas de Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Junín, Lambayeque, Lima y Puno. La organización reportó la participación de 8.130 personas, mientras que la ficha técnica de la investigación consigna una muestra de alrededor de 8.000 encuestados. Los menores conocen el peligro, pero siguen expuestos El incremento de los riesgos ocurre pese a que los propios adolescentes aseguran sentirse cada vez más seguros en internet. El 73,9% de NNA afirma sentirse seguro cuando utiliza internet o alguna red social, frente al 63% registrado en 2023. La contradicción es evidente: mientras aumenta la percepción de seguridad entre los menores, los riesgos que efectivamente declaran haber experimentado casi se duplican. Para Yakelin Caycho, coordinadora de Salvaguarda y Protección Infantil de Aldeas Infantiles SOS Perú, esto demuestra que conocer los riesgos no necesariamente significa saber cómo actuar frente a ellos. "Una cosa es conocer los riesgos y otra cosa es qué hace finalmente cuando te pasa ese hecho", explicó durante una entrevista con La República. Caycho señaló que los adolescentes pueden identificar señales de alerta en perfiles sospechosos, pero aun así aceptar solicitudes de desconocidos, iniciar conversaciones y compartir información privada. El problema, por tanto, no estaría únicamente en la falta de información, sino también en las decisiones que toman los menores cuando el riesgo ya está presente. Esto adquiere especial gravedad en el grooming, modalidad en la que un adulto busca ganarse progresivamente la confianza de un menor, muchas veces ocultando su verdadera identidad, hasta obtener información personal o intentar concretar un encuentro presencial. La especialista advirtió que el proceso puede comenzar con datos aparentemente inofensivos, pero avanzar hacia información como el número telefónico, la dirección del domicilio o el colegio. "El mecanismo no es directamente decir e intentar abusar, es buscar la confianza", explicó. 45% comparte información privada La encuesta también revela que el 45,19% de niñas, niños y adolescentes comparte información privada en redes sociales, un incremento frente al 39% registrado en 2025. La situación resulta especialmente preocupante porque la información entregada en internet puede ser utilizada posteriormente para intimidar, manipular o extorsionar a los menores. En el caso de la sextorsión, Caycho explicó que muchas veces la víctima conoce al agresor y previamente le ha enviado fotografías, videos o audios de carácter íntimo. El hecho de que el menor haya compartido voluntariamente ese material no significa que la otra persona tenga autorización para difundirlo. La especialista enfatizó que ceder ante las exigencias del extorsionador no constituye una salida. La recomendación es conservar las evidencias, guardar capturas de pantalla, audios y mensajes, y denunciar. La amenaza también puede aparecer mediante nuevas tecnologías. Caycho alertó sobre el uso de inteligencia artificial para fabricar imágenes sexuales falsas utilizando el rostro de menores o adolescentes. Estas herramientas pueden convertirse en un mecanismo adicional de presión y extorsión. Ciberacoso: uno de cada cinco denunciantes sigue en la misma situación El ciberacoso constituye uno de los principales riesgos identificados. El 15% de los NNA encuestados afirma haber vivido una situación de ciberacoso o ciberbullying. Sin embargo, la problemática es todavía mayor entre los adolescentes de 13 a 17 años. De acuerdo con la entrevista de Caycho, en este grupo más de 4 de cada 10 reportan haber experimentado situaciones de ciberacoso. La diferencia frente al bullying tradicional radica en que la agresión no termina al salir del colegio. Una burla, fotografía o publicación puede difundirse entre cientos o miles de usuarios y permanecer disponible en internet. "Cuando hablamos y pasamos al mundo digital, el ciberbullying ya es mucho más complejo", sostuvo Caycho. La víctima puede desconocer quiénes están detrás de las cuentas que la hostigan y, al mismo tiempo, la exposición puede multiplicar el daño. Las consecuencias tampoco se limitan al ámbito escolar. La especialista identificó ansiedad, afectación del rendimiento académico y, en casos graves, cuadros depresivos. Incluso relató situaciones en las que adolescentes llegaron a autolesionarse como consecuencia de este tipo de violencia. El problema se agrava por la respuesta institucional: el 41% de los NNA que buscó ayuda frente a una situación de riesgo en internet señala que no la recibió. Además, entre quienes sufrieron ciberacoso y lo denunciaron, aproximadamente 1 de cada 5 continúa enfrentando la misma situación. La escuela conoce el riesgo, pero no siempre está preparada La encuesta expone otra contradicción: los adultos reconocen la gravedad del problema, pero las instituciones educativas todavía presentan importantes brechas para enfrentarlo. El 98% de docentes y directores considera que el uso de dispositivos móviles está asociado a situaciones de riesgo dentro de las instituciones educativas. Sin embargo, 4 de cada 10 colegios no aplican ninguna restricción al uso de celulares durante el horario escolar. A ello se suma el desconocimiento de las propias normas. Más del 50% de docentes manifiesta desconocer o conocer poco la Ley N.° 32385, que regula el uso de celulares en las instituciones educativas. Entre los directores, más del 50% desconoce o no está seguro de conocer la legislación vigente sobre ciberacoso. La brecha se extiende también a la publicación de imágenes de estudiantes. 9 de cada 10 docentes consideran que compartir fotografías o videos de alumnos en redes sociales puede afectar su seguridad, pero 3 de cada 10 desconocen la normativa que regula este tipo de publicaciones. Una protección que todavía depende de adultos que tampoco se sienten seguros La inseguridad no solo alcanza a los menores. El 80,67% de madres, padres y cuidadores afirma que sus hijos no están seguros cuando utilizan internet o redes sociales, frente al 49,41% registrado en 2023. Es decir, en tres años la percepción de inseguridad entre los adultos aumentó en más de 30 puntos porcentuales. El 97,7% asegura implementar alguna medida de seguridad para proteger a sus hijos, principalmente mediante conversaciones sobre los riesgos de internet. Pero hablar no necesariamente equivale a contar con las herramientas necesarias para responder. Caycho considera que uno de los principales problemas es precisamente la calidad de la supervisión. Los padres pueden conversar con sus hijos y advertirles sobre los peligros, pero muchas veces no cuentan con información suficiente para reconocer una situación de grooming, sextorsión o ciberacoso ni saben cómo actuar cuando esta ya ocurrió. "Los padres tienen todo el amor del mundo, tienen toda la intención del mundo, lo que no tienen es el tiempo", explicó. Por ello, considera necesario que la información dirigida a las familias sea sencilla y práctica, de manera que puedan identificar rápidamente señales de alerta y conocer los canales de denuncia. Cuatro de cada diez menores no saben dónde denunciar Uno de los principales puntos débiles está precisamente al final de la cadena de protección: 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes no conocen ningún canal de atención frente a situaciones de riesgo digital. El SíSeVe aparece como el canal de denuncia más conocido entre los encuestados, pero el desconocimiento sigue siendo significativo. Esto puede contribuir a explicar por qué los riesgos no siempre llegan a conocimiento de las autoridades. Según las conclusiones de la investigación, 6 de cada 10 menores que vivieron una situación de riesgo en internet no pidieron ayuda. En el caso específico del grooming, la organización señala que alrededor de 8 de cada 10 casos nunca son reportados. La falta de denuncia también puede estar relacionada con la desconfianza. Caycho sostuvo que algunos adolescentes temen más contarles a sus padres lo que les ocurre que continuar expuestos al riesgo. Por ello, uno de los primeros pasos, según la especialista, debe ser creerle al menor cuando decide contar lo ocurrido. Falta de psicólogos: otra deuda del Gobierno El impacto de estos riesgos ya es reconocido por los propios docentes. El 90,7% considera importante que los estudiantes que han vivido situaciones de riesgo digital reciban apoyo emocional y atención en salud mental. Asimismo, 8 de cada 10 docentes consideran que estos riesgos pueden afectar de manera grave y duradera el bienestar psicológico y emocional de los estudiantes. Sin embargo, la capacidad de respuesta continúa siendo limitada. Caycho señaló que, según información nacional revisada por la organización, existen alrededor de 60.000 escuelas en el país y solo aproximadamente el dos% de las instituciones educativas públicas cuenta con un psicólogo de planta. "Es una necesidad imperativa, lamentablemente no ha sido posible atenderla, todavía es una deuda pendiente", sostuvo. Mientras persiste esta brecha, la especialista considera necesario fortalecer las capacidades de los docentes para que puedan identificar cambios de comportamiento y activar los protocolos correspondientes. Un descenso en las calificaciones, aislamiento, conductas disruptivas o cambios repentinos en la personalidad pueden ser señales de que un estudiante atraviesa una situación de violencia o abuso, incluido aquel que ocurre en internet. La alerta también alcanza a las familias El impacto psicológico de la exposición digital es reconocido por 95,6% de madres, padres y cuidadores, quienes consideran que situaciones como el ciberacoso, sharenting, grooming, sextorsión y retos virales peligrosos pueden afectar la salud mental de los menores. Además, 3 de cada 10 NNA manifiestan sentir ansiedad cuando dejan de utilizar redes sociales, videojuegos o plataformas virtuales, cifra que se triplicó respecto de 2025, cuando alcanzaba el 10%. El 83% de padres y cuidadores también manifiesta preocupación porque sus hijos dejen de comer, dormir, pasar tiempo en familia o cumplir sus deberes escolares debido al tiempo conectado. La evidencia plantea así una paradoja: los menores se sienten más seguros en internet al mismo tiempo que aumentan los riesgos que enfrentan, mientras padres y docentes reconocen las consecuencias, pero todavía existen importantes deficiencias para prevenir, detectar y responder. ¿Qué deben hacer los padres? Para Caycho, la respuesta comienza con tres acciones concretas: creerles a los hijos, aprender sobre el entorno digital y prevenir. El primer paso es no minimizar lo que cuentan los menores. Si un adolescente decide comunicar que está siendo acosado, amenazado o contactado por un desconocido, los adultos deben tomarlo en serio. El segundo consiste en conocer las plataformas y riesgos a los que están expuestos. Esto incluye aprender cómo funcionan las redes sociales, conocer los mecanismos de denuncia y saber qué evidencias deben conservarse. Finalmente, recomienda utilizar herramientas de control parental y mantener una supervisión que respete la autonomía del adolescente, pero que permita intervenir cuando exista un riesgo concreto. En caso de grooming o sextorsión, una recomendación resulta especialmente importante: no borrar las conversaciones. Los mensajes, capturas, audios y demás contenidos pueden constituir evidencia para una investigación. Una vez preservada la información, se puede bloquear al agresor y acudir a las autoridades. "El primer error que a veces cometen los padres es borrar todos los mensajes", advirtió Caycho. "Hacer eso es eliminar todas las pruebas". El desafío, entonces, no pasa únicamente por restringir el acceso de los menores a internet. La encuesta muestra que el problema se encuentra en un entorno digital que los adolescentes ya incorporaron a su vida cotidiana y frente al cual las capacidades de protección todavía avanzan a un ritmo menor que los riesgos. La pregunta ya no es si los menores estarán expuestos a internet, sino si las familias, las escuelas y el Estado están preparados para protegerlos cuando esa exposición se convierte en una amenaza.