La Administración de Claudia Sheinbaum ha eludido una reforma fiscal para México en 2027. La presentación de los presupuestos para el próximo año ha desvelado la estrategia gubernamental para enfrentar el porvenir económico: aumentar la recaudación de impuestos —con ajustes quirúrgicos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y vigilancia fiscal— para evitar el crecimiento del déficit a través de deuda. Un balance complicado que, además, contempla incentivar la inversión para empujar el crecimiento económico, que se encuentra aletargado desde hace varios años. “Tenemos que cuidar el frente fiscal, pero también tenemos que ver por la promoción de la inversión y el desarrollo”, ha mencionado este miércoles el secretario de Hacienda, Édgar Amador, en defensa de su propuesta para las finanza públicas del próximo año. A pesar de que diversos organismos multilaterales y economistas han sugerido al Gobierno mexicano la implementación de una reforma fiscal que brinde una mayor holgura, la Administración de Sheinbaum se ha inclinado por agotar todas la posibilidades que el sistema tributario pueda brindar para aumentar la recaudación. En los presupuestos de 2027, el énfasis está tanto en el combate al huachicol fiscal como en medidas que eviten la facturación abusiva y apócrifa. Además, el fisco mexicano tendrá la misión de supervisar con lupa las deducciones e intentará incrementar su base de contribuyentes con los cambios propuestos para el ISR. “Estamos convencidos de que antes de que proponer cambios en la estructura impositiva, hay que tomar medidas sobre la evasión”, ha añadido Amador. Sheinbaum también propone para atajar el problema del huachicol fiscal —cifrado en pérdidas tributarias de 16.000 millones de dólares en 2025— la trazabilidad del Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS) de los combustibles. México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos impuestos recauda, que en 2024 fue un 18,3% del PIB, por lo que el optimismo sobre la estrategia recaerá en la capacidad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para captar a más contribuyentes y a que los mecanismos para detectar la evasión o el fraude fiscal sean eficientes. “Considerando la evolución de los ingresos por ISR de este año estimamos que dichas medidas podrían generar recursos moderadamente menores a los contemplados por Hacienda”, advierten desde Banamex. Los ajustes al ISR apuntan al rediseño de los impuestos que se cobran a pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia, que busca incentivar que una parte de la economía informal —estimada en la mitad del total de la economía mexicana—se adhiera a esquemas totalmente legales. La encrucijada en la que Sheinbaum se encuentra podría profundizarse de cara al fin de su mandato en 2030. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Mundial han señalado la importancia de que el Gobierno mexicano trabaje en reestructurar su esquema tributario. Economistas con perspectiva social, como Mariana Mazzucato, han sugerido a la presidenta mexicana incidir en los grandes capitales y en las herencias para conseguir una tributación significativa que le permita al Estado invertir contundentemente en los proyectos del futuro. “Tenemos la firme convicción de que será necesaria una reforma fiscal en el mediano plazo, considerando las rigideces del gasto público por la ampliación de los programas sociales, el costo financiero y el pago de pensiones”, apunta el BBVA Research. Sheinbaum y Amador han insistido en que los presupuestos de 2027 han sido elaborados “cuidando el ritmo” de las medidas relacionadas con los impuestos. La presidenta mexicana ha prometido en varios de sus discursos que su Administración no crearía nuevos impuestos y la apuesta de su iniciativa pasa por unos ajustes que podrían elevar la recaudación sin impactar la carrera electoral de 2027, en la que se elegirán a 17 gobernadores, se renovará la Cámara de Diputados y se votarán a miles de Ayuntamientos en todo el país. La mandataria tiene, además, puesta la mirada en el impulso del Plan México, por lo que su propuesta presupuestaria también pasa por incentivos para la inversión privada, en la búsqueda de que sean socios de los proyectos que el Gobierno ha diseñado. La presidenta mexicana defendió hace una semana en su segundo informe de gobierno el papel del Estado como rector de las decisiones económicas del país. Entre ellas está el financiamiento de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), del que la Hacienda mexicana ha tomado el control en los últimos meses. El Gobierno mexicano estima que la intervención estatal del último año ha conseguido que para 2027 sean necesarias transferencias por 81.100 millones de pesos, cuando los cálculos previos las ubicaban en 136.000 millones de pesos. Pese a las críticas sobre el impacto que la deuda financiera de la petrolera estatal está teniendo en las finanzas públicas, Amador ha calificado como “un buen ejemplo” sobre cómo sanear la deuda de la firma. “El próximo año veremos si la compañía petrolera ya no requerirá de apoyos gubernamentales extraordinarios; pensamos que mientras no se logre un cambio en el modelo de negocios que permita canalizar inversión privada hacia la exploración y extracción de crudo, y se reduzca la actividad en refinación, no se logrará el objetivo de que Pemex deje de requerir apoyos públicos”, señala el BBVA Research.